EDITORIAL
Las cancelaciones de maestros dispuestas por el ministro de Educación, Arq. Andrés Navarro, no simplemente constituyen un abuso de poder, es un crimen contra el magisterio nacional.
Ejecutar la separacion masiva de más de 8 mil maestros, sin agotar los procedimientos que manda la ley 66-97, que regula la Educación en el país, es una atrocidad incalificable y una flagrante violación al orden jurídico nacional.
La ley establece que el Tribunal Docente, es la entidad facultada para conocer las faltas y sancionar a los maestros que han incurrido en alguna violación a sus responsabilidades.
No es posible que hayamos llegado a un extremo tal, que nos permitamos separar de sus cargos a profesores amparados en la ley, solo con la realización de una improvisada y ocasional auditoria.
La sociedad dominicana debe dar todo el respaldo a los maestros afectados, a la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, demandar su inmediata reposición, el pago de sus salarios retenidos en violación a las leyes, el pago de una compensación por los daños provocados y exigir que sean sometidos a la justicia los funcionarios responsables de esta barbaridad, que ya ha provocado la muerte de por lo menos una profesora, cancelada hace tres meses.
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